Propiedad papelera

De la serie: «Correo ordinario»

Este tema de la propiedad intelectual llega a extremos de locura. Leía hace muy pocos días (lamento no poder poner el enlace: no recuerdo dónde lo leí) que los editores estaban indignados con Google no sólo por la digitalización de libros aún sometidos a derechos económicos de autor sino también por la digitalización de libros que están en el dominio público, basándose en que el editor hace un esfuerzo económico para la divulgación de ese libro del que Google se aprovecha.

Podría responderse a esto que la solución (o mejor: la burla) al cabreo editorial está en no ofrecer la imagen digitalizada del libro sino solamente el texto, es decir, tras pasarle a la imagen un OCR. Esto tendría dos objeciones (desde el punto de vista de Google, claro): la primera, que no existe aún el OCR perfecto, lo que implica que cada libro requeriría un número de horas -probablemente no pequeño- de trabajo humano que encarecería el proyecto quizá hasta lo imposible; segundo, que el texto puro y duro de una obra descatalogada, ya es dominio público pleno ante la imposibilidad de identificar su procedencia; la imagen en sí misma, en cambio, es de propiedad intelectual de Google. Aquí vamos, como veis, de puta a puta y sigo la ruta.

Pero no es del negociete de Google de lo que quiero hablar, sino de un nuevo despropósito en la escalada apropiacionista: o sea, que el editor quiere cobrar, pretende tener derechos económicos vigentes, incluso en obras que ya son del dominio público, que han sido devueltas al procomún. El editor también tiene un truco para evitar las imágenes digitalizadas de Google, es un invento que ya pusieron en práctica para piratizar las fotocopias de contenidos de dominio público: se coge a cualquiera -de más o menos prestigio, según lo caro que se quiera vender el libro o lo mucho o poco que se le quiera promocionar- y se le encarga que haga comentarios sobre la obra enla misma obra (generalmente, comentarios a pie de página); muchos comentarios, de tal forma que no exista prácticamente página que no tenga un pie con un comentario. Claro, estos comentarios sí constituyen, de acuerdo con la abominación legal, propiedad intelectual (que, naturalmente y como es costumbre, ostentará el editor). Por tanto, la digitalización de un «Lazarillo de Tormes» comentado por don Celemín Carrasclás, catedrático emérito de la Universidad de Guitarrita Alta, provocará la urgente invocación a los GEOs al clamor tremendo de ¡piratería!, ¡robo del salario de un autor! y del resto de sandeces del repertorio.

El copyright llevado al soporte es el último peldaño del sótano más infecto de la charca putrefacta del apropiacionismo. Por ejemplo, el cuadro de Velázquez «La rendición de Breda», es del dominio público. El cuadro, ya se entiende, como hecho intelectual: el lienzo material nos pertenece solamente a los españoles a través de la institución conocida como Patrimonio Nacional. Pero no podemos digitalizar una «Rendición de Breda» desde una fotografía publicada en un libro: esa fotografía está sujeta a derechos económicos de autor (bien entendido que hablo sólo de la fotografía, no de otros contenidos del libro). Absurdo.

O sea que, ahora, el papel, el simple y puro papel, también debería producir ingresos por derechos de autor, según algunos cafres. Pero bueno... Cuando se edita una obra que está en el dominio público ¿cuál es el valor añadido que permite cobrar por esa edición? Evidentemente, la edición estricta, el libro material, no puede ser otra cosa. Pero entonces... cuando alguien ha comprado ese ejemplar, la editorial ya ha cobrado lo que tiene que cobrar sin que pueda quejarse de lo que se haga ni con el continente (ya pagado) ni con el contenido, que sabemos que es libre ya. ¿Qué más se supone que tiene que reclamar en este caso el editor? Sólo podría quejarse si el libro le hubiese sido robado en términos materiales no en los metafóricos tan caros al apropiacionismo.

Ya sabemos que la codicia es larga y ancha y que la especie humana está materialmente imposibilitada de ver una salsa sin verse en la perentoriedad de lanzarse sobre ella armada de una barra de pan, pero todo tiene sus límites y la simple presencia en un proceso que acaba adquiriendo valor económico no otorga automáticamente el derecho a participar de ese valor.

Sobre todo cuando la presencia en cuestión está en vías de extinción. Cuando, a través de una búsqueda de Google estaba intentando localizar la referencia de la noticia que encabeza y da lugar a esta entrada del «El Incordio», he accedido a una presentación de un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo sobre este tema. Leída así a vuelapluma, resulta que una directiva editorial escribe, en tono resignado pero patético, que dentro de veinte años no habrá un solo título sin digitalizar. Presumiendo -y no creo que por ello pueda ser acusado de determinista- que dentro de veinte años (y de muchos menos) existirán ya modos y medios eficientes y cómodos de lectura digital, cabe vaticinar que el libro, el libro entendido en su aspecto material, habrá prácticamente desaparecido como elemento de consumo masivo. El negocio, pues, de la edición de obras artísticas del dominio público, es el primer barco de toda esa flota ruinosa de la propiedad intelectual que se hundirá; a ese viejo y podrido cascarón de nuez le quedan dos telediarios.

Por eso es, si cabe, más indignante que pretendan sacar tajada de un modelo de negocio que ya no tiene prácticamente ningún objeto y que está listo para descabello.

¿Cuál será la próxima de esos majaderos?