Dos o tres entradas atrás prometí la traducción al castellano de un artículo mío que ha publicado el último número del boletín de los cuerpos administrativos y técnicos del Área Autonómica de Catalunya de CSI-CSIF. Una vez relajados con la intervención de Forges en el empeño del MAP de hacernos más simpáticos a la población, bueno será que se conozcan algunas realidades que acontecen en algunas administraciones públicas y, según me temo, en muchas administraciones públicas. Porque, evidentemente, el artículo hace referencia a la Generalitat de Catalunya -que es mi ámbito profesional y sindical- pero es perfecta y literalmente aplicable a muchísimas más: autonómicas, municipales y a amplios sectores de la Administración estatal y corporativa. Ténganse, pues, los amigos de buscar pajas en ojo ajeno, no vaya a ser que en el suyo haya vigas... y encima con aluminosis.
No digo más. El artículo habla -y no poco- por sí solo.
La informática administrativa en la Generalitat
A finales del 2003, y como consecuencia de los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya, el PSC, ERC y IC-EV-EU acordaron gobernar en coalición (el más que conocido tripartit) y establecieron las bases de este gobierno en el llamado Pacte del Tinell. Este pacto definía -entre muchas otras cosas, obviamente- la política que habría de seguir el Gobierno en relación con las nuevas tecnologías y, especialmente, los criterios de relación entre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las administraciones públicas catalanes, en especial, claro está, la de la Generalitat.
No quiero entrar ahora en el contenido concreto del Pacte del Tinell en esta materia ni en su grado de cumplimiento, pero sí que quiero poner de relieve que aquella ocasión fue la primera, si la memoria no me falla, en que las TIC -y, en ellas, la informática y la telemática- formaban parte de un documento político en su específica faceta de herramientas de las administraciones públicas y en el que, de alguna manera, se indicaba qué camino había que seguir en el uso de las TIC como tales instrumentos de trabajo diario y cotidiano (además de las implicaciones para el ciudadano en materias como la seguridad, la protección de datos, la comunicación con las administraciones, etcétera).
Por primera vez veíamos cómo una declaración política (no era un programa, sólo establecía unas bases generales) abría las puertas a que en la Administración de la Generalitat existiera (y, por tanto, se impartiera a su personal) doctrina ofimática.
Pero, aún así, nada de nada.
Hace muchos años, prácticamente veinte, que la informática entró en las unidades administrativas de la Generalitat y posiblemente desde hace diez o doce puede decirse -sin perder de vista la alta probabilidad de que haya un cierto número de excepciones- que ya es habitual y real en la práctica el principio «un trabajador, un ordenador». Bien, pues desde hace estos veinte años, la entrada de la informática en la administración se ha enfocado como la entrada de una maquinaria más eficiente... para hacer las mismas cosas de la misma manera. Así, la formación de los empleados ha consistido, simplemente, en una sucesión de manuales verbales de uso de las máquinas o de los programas, que no otra cosa son los cursillos habituales de informática más o menos administrativa. Además, desde que toda esta -llamémosle- formación está externalizada, los docentes (la capacitación de los cuales, por cierto, no ha habido nunca manera de conocer con alguna concreción desde la acción sindical; o yo, al menos, no lo he conseguido nunca) no saben apenas nada de la particularidad de las tareas administrativas e imparten la materia de una forma poco focalizada hacia el trabajo habitual de los funcionarios a los que está formando.
En consecuencia, hoy, acabando el 2006, siglo XXI, en la administración pública se sigue trabajando exactamente igual que hace veinte años: el ordenador se utiliza como si fuera una máquina de escribir que, eso sí, hace más cosas, las hace mejor y las hace más bonitas. Después de todo, menos mal...
Además, hace también unos pocos años que los empleados públicos -por lo menos, los de base y siempre, como es de rigor, salvando las más que probables y más o menos numerosas excepciones- no necesitamos estar en guerra constante para que se nos suministren instrumentos adecuados y competitivos: la adquisición de maquinaria por vía de leasing, renting o similares métodos, que suponen la renovación relativamente frecuente del parque informático, el precio cada vez más bajo del material y, por otra parte, la ralentización del proceso de obsolescencia de las máquinas, que se ha alargado mucho en el curso de los últimos diez años, son factores que hacen que nuestras herramientas sean, en general, competitivas.
Y esta situación hace que el panorama sea todavía más sangrante, ya que la inexistencia de una doctrina ofimática y la subsiguiente ausencia de formación en doctrina de uso de la informática hace que se desperdicien, por falta o defecto de uso, recursos que facilitarían y acelerarían los procesos administrativos. Inmensas posibilidades de autoedición, inmensas posibilidades telemáticas que van más allá del simple correo electrónico, la interacción a través de las intranets (frecuentemente concebidas simplemente como escaparates internos o cajones donde dejar cosas a disposición de quien las quiera o donde tomarlas) y una serie de recursos, en fin, que, entre otros muchos beneficios, supondrían importantes ahorros en la cantidad ingente de papel que se utiliza y, por tanto, en la necesidad de estructuras materiales y de esfuerzo humano en materia de archivística y gestión documental (que se supone que el uso de la informática habría de haber disminuido radicalmente), en centenares o quizá miles de horas de reuniones internas que, además de su coste intrínseco en horas de trabajo, suponen alteraciones y movidas en las agendas y calendarios, interrupciones en los ritmos de trabajo y otros inconvenientes, muchos de los cuales se podrían evitar con un uso eficiente de la ofimática y, además, de una ofimática sostenida por una maquinaria de la cual ya se dispone habitualmente, no se hace preciso realizar estudios de costes ni planificar nuevas inversiones. Ya disponemos -siempre en general- de los instrumentos adecuados o, cuando menos, suficientes. En fin, las posibilidades son infinitas...
Cuando los directivos de alto nivel de la empresa privada ya hace tiempo que circulan con más electrónica encima que un cazabombardero (PC portátil, PDA, teléfono móvil de altas prestaciones) como instrumental absolutamente imprescindible e irrenunciable, en la Generalitat aún hay demasiada gente que cree -como aquellos ejecutivos de hace años- que todo este asunto de ordenadores es cosa de administrativos y de secretarias y que si hay que prestarle un poco más de atención que la que se presta a un bolígrafo es, únicamente, porque el ordenador es un aparato costoso; pero no por otra cosa. Precisamente la poca doctrina ofimática que -si así puede llamarse- existe en el ámbito de la Generalitat es la que improvisamos como podemos, en el estricto marco cercano de nuestras unidades y cada cual por su cuenta, los funcionarios de base. A medida que se va ascendiendo en la pirámide jerárquica, las TIC se van desvaneciendo (siempre que no haya prensa cerca, por supuesto: entonces se adopta rápidamente un berroqueño y absurdo argot tecnómano que queda tan guay como ininteligible); la presencia de un uso razonablemente normalizado de las TIC es inversamente proporcional a la altura de la silla en la pirámide de mando. Hoy, por simple ejemplo, es todavía impensable elevar un informe a un alto cargo en algún formato que no sea el papel. En general. Por supuesto.
Las administraciones públicas -tarde, como siempre, y ya veremos si además mal, pero esta es otra cuestión- se empiezan a preparar para comunicarse con el ciudadano. Estupendo: ya tocaba. Esperemos que, además, toque correctamente y que las cosas se hagan como es debido. Pero el ciudadano ha de saber que, aunque disponemos de los instrumentos materiales adecuados, los empleados públicos no estamos preparados -por falta de formación, por falta de información y por falta de planificación- ni individualmente, en la mayoría de los casos ni, desde luego, globalmente, para sostener una comunicación digital normal con ese ciudadano. Y es de temer que, cuando los de arriba se pongan por fin manos a la obra, quieran solucionarlo a golpe de cursillo de veinte horas contratado de cualquier manera, de hoy para mañana, al primero que llega.
Después vendrán las quejas -porque vendrán, que nadie lo dude-, los ¡ay! y los ¡quién lo iba a decir!.
Pues aquí queda dicho. Porque si no se dice, aún se lo montarán para que, a ojos de los ciudadanos, seamos los funcionarios los culpables del desastre.
Como siempre.
¿Cómo os ha quedado el cuerpo?
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